Violencia digital: proponen nuevas reglas para proteger a niños y adolescentes
Una propuesta elaborada en Neuquén busca establecer por primera vez un marco nacional integral para prevenir y abordar la violencia digital, con especial protección para niños y adolescentes.
El proyecto fue elaborado desde la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes N°2 y presentado por su titular, Natalia Stornini, ante la senadora nacional Julieta Corroza.
La iniciativa propone un abordaje que no se limite a la persecución penal de los responsables, sino que incluya prevención, asistencia a las víctimas, preservación de evidencia, remoción de contenidos y reparación de los daños.
El proyecto define como violencia digital a las acciones u omisiones realizadas o facilitadas mediante tecnologías de la información y la comunicación que afecten o pongan en riesgo derechos como la intimidad, la dignidad, la imagen, la identidad, la integridad, la libertad, la seguridad o la libertad sexual.
La propuesta contempla una protección reforzada para niños y adolescentes, aunque también incluye a mujeres, personas con discapacidad y otras personas en situación de vulnerabilidad.
En los casos que involucren a menores, plantea que las intervenciones deben respetar el interés superior, la autonomía progresiva, el derecho a ser oído, la privacidad y la mínima exposición, además de evitar situaciones de revictimización.
Entre las medidas urgentes previstas aparecen la prohibición de contacto por medios digitales, la remoción, bloqueo o desindexación de contenidos y la preservación de datos y evidencia que puedan resultar relevantes para una investigación.
El proyecto también establece obligaciones para redes sociales, servicios de mensajería, buscadores, plataformas de alojamiento de contenidos, foros y videojuegos en línea.
Uno de los puntos centrales es la creación de mecanismos gratuitos y accesibles para denunciar contenidos. Los reportes relacionados con la difusión de material íntimo sin consentimiento y con situaciones de violencia contra menores deberían recibir un tratamiento prioritario y ser evaluados en un plazo máximo de 24 horas.
La iniciativa también propone modificar el Código Penal para incorporar figuras vinculadas con distintas modalidades de violencia digital.
Entre ellas se incluyen la difusión no consentida de contenido íntimo, la amenaza de publicar ese material, el acoso digital, la exposición maliciosa de datos personales y determinados casos de suplantación de identidad digital.
El proyecto contempla además la difusión de contenido íntimo sintético generado o modificado mediante inteligencia artificial, una modalidad que adquirió mayor relevancia con el desarrollo de herramientas capaces de generar imágenes y videos falsos de personas reales.
Cuando la víctima sea menor de 18 años, la propuesta establece un agravamiento de la pena para los casos de difusión no consentida de contenido íntimo, entre otras circunstancias contempladas.
Otro de los ejes es la prevención y asistencia. El proyecto prevé mecanismos de acompañamiento especializado para las víctimas y un régimen específico para adolescentes a quienes se atribuya la comisión de hechos de violencia digital, en articulación con las normas de protección integral y el régimen penal juvenil.
Un antecedente neuquino
Entre los antecedentes utilizados para fundamentar la iniciativa aparece la experiencia desarrollada en Neuquén con la creación, en abril de 2026, de la Mesa Provincial para la Prevención de Riesgos Asociados a Internet.
Ese espacio reúne a distintos organismos para trabajar sobre problemáticas como el grooming, la sextorsión, la difusión de material íntimo sin consentimiento y el abuso sexual infantil en entornos digitales.
A partir de esa experiencia, la propuesta plantea crear un Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de la Violencia Digital, con participación de la Nación y las provincias y de organismos vinculados con protección de derechos, género, educación, salud y Justicia.
El objetivo es establecer una respuesta coordinada que permita proteger a las víctimas, retirar contenidos, conservar pruebas, reparar los daños y establecer responsabilidades para quienes incumplan sus obligaciones en los entornos digitales.
