A 23 años de su desaparición, piden llevar a juicio a 19 acusados por el caso Sergio Ávalos
La Fiscalía Federal de Neuquén solicitó la elevación a juicio oral de 19 personas acusadas por la desaparición forzada de Sergio Daniel Ávalos, el estudiante de 18 años que fue visto por última vez durante la madrugada del 14 de junio de 2003 dentro del boliche El Fuerte, también conocido como Las Palmas, en la ciudad de Neuquén.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén por la fiscal federal interina Luisina Tiscornia, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Neuquén. La acusación alcanza a 11 personas como presuntos coautores y a otras ocho como partícipes necesarios del delito de desaparición forzada de persona.
Entre los acusados se encuentran integrantes de la seguridad del local que pertenecían al Ejército Argentino y a la Policía de Neuquén, además de empleados civiles, el propietario y el encargado del establecimiento.
Según la hipótesis de la fiscalía, dentro del boliche funcionaba una estructura organizada de control y violencia. La acusación sostiene que Ávalos habría sido retenido dentro del establecimiento y posteriormente trasladado para ser ocultado en otro u otros lugares. Desde entonces, su paradero continúa sin conocerse.
La fiscalía consideró que existe evidencia suficiente para que los 19 acusados sean sometidos a juicio oral, aunque aclaró que la búsqueda de Ávalos continuará y que esa investigación permanecerá abierta.
La estructura de seguridad del boliche
Uno de los ejes del requerimiento fiscal es el funcionamiento del sistema de seguridad de El Fuerte. Según la investigación, los integrantes del personal utilizaban equipos de comunicación tipo handy y el establecimiento contaba con cámaras para controlar distintos sectores, entre ellos las barras, cajas, taquilla e ingresos.
La fiscalía también incorporó antecedentes de episodios violentos ocurridos dentro del local. De acuerdo con la acusación, los guardias trasladaban a personas involucradas en conflictos hasta un espacio conocido como el “cuartito de seguridad”, donde se habrían producido agresiones físicas y verbales.
Para Tiscornia, ese funcionamiento constituía un “aparato de violencia organizado”, con una distribución de tareas y mecanismos destinados a controlar las situaciones que se producían dentro del establecimiento.
Otro elemento considerado relevante es la ausencia de las imágenes de las cámaras correspondientes a la madrugada en que desapareció Ávalos. Los imputados habían señalado que la cinta se había terminado y no había sido reemplazada. Para la fiscalía, esa explicación no resulta compatible con el sistema de vigilancia que funcionaba en el local.
El requerimiento también menciona distintos episodios registrados aquella noche que, según el Ministerio Público Fiscal, contradicen la descripción de una jornada sin incidentes. Entre ellos figuran una pelea que habría dejado sangre en el sector utilizado como enfermería, una agresión protagonizada por personal de seguridad en el denominado “túnel” y un conflicto relacionado con el sistema de tickets.
La investigación incorporó además hechos posteriores que la fiscalía considera relevantes, entre ellos la destrucción de documentación policial y la ausencia de una anotación en el parte diario de novedades de la Guardia de Adultos del Hospital Castro Rendón vinculada con una llamada telefónica de una persona que afirmó conocer lo ocurrido.
Quiénes están acusados
De acuerdo con el requerimiento, la estructura de seguridad del establecimiento estaba integrada por seis militares del Ejército, cinco efectivos de la Policía de Neuquén y tres empleados civiles.
Los militares pertenecían al Batallón de Ingenieros de Montaña 6 y realizaban tareas adicionales fuera de su actividad principal. Los policías, en tanto, prestaban servicios de seguridad en el boliche mediante un contrato con la Dirección Provincial de Servicio de Policía Adicional.
La organización del personal estaba a cargo del encargado del establecimiento, bajo las directivas del propietario, ambos incluidos entre los acusados como partícipes necesarios.
La investigación también alcanzó a empleados que realizaban tareas de limpieza, administración y monitoreo de cámaras. Según la fiscalía, esas personas pudieron haber tenido algún grado de participación, haber presenciado los hechos o haber tomado conocimiento de información relevante sin comunicarla.
La acusación sostiene que esas conductas habrían contribuido a mantener el silencio alrededor del caso y dificultado el esclarecimiento de lo ocurrido.
El delito de desaparición forzada de persona, previsto en el artículo 142 ter del Código Penal, contempla una pena de entre 10 y 25 años de prisión.
Más de dos décadas sin respuestas
Sergio Ávalos era oriundo de Picún Leufú y estudiaba Economía en la Universidad Nacional del Comahue. Vivía en una residencia universitaria y tenía 18 años cuando salió junto con otros estudiantes hacia El Fuerte.
Durante la madrugada del 14 de junio de 2003 fue visto dentro del establecimiento. Los últimos testimonios lo ubicaron entre las 6.30 y las 7. Después de ese momento, nadie volvió a saber de él.
Tres días más tarde, el 17 de junio, el encargado de las Residencias Universitarias de la UNCo denunció su desaparición.
La investigación comenzó en la Justicia provincial. En 2013, la querella solicitó que el caso fuera investigado como una desaparición forzada y pasara al fuero federal. El planteo fue acompañado por la Universidad Nacional del Comahue, que interviene como amicus curiae, y por el Ministerio Público Fiscal.
En 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la Justicia Federal era competente para intervenir en la causa. Desde noviembre de ese año, el expediente tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén.
Durante la investigación se realizaron más de un centenar de declaraciones testimoniales, relevamientos en organismos públicos y privados, investigaciones de campo y tareas en cementerios de Neuquén y Río Negro. También se efectuaron pericias de ADN con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense a partir del hallazgo de restos óseos.
La causa tuvo un nuevo impulso durante 2026. En julio, la Cámara Federal de Casación Penal restableció los procesamientos de ocho acusados que habían sido desvinculados y el expediente volvió a contar con 19 personas procesadas.
Ahora, con el pedido de elevación a juicio, la fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para que la responsabilidad de los acusados sea discutida en un debate oral.
Mientras tanto, la búsqueda de Sergio Ávalos continúa. Existe una recompensa de $5 millones para quienes aporten información que permita determinar su paradero.
Su familia mantiene el reclamo por respuestas desde hace más de dos décadas. Su padre, Asunción Ávalos, tiene 93 años y continúa junto con sus hijos reclamando que se esclarezca qué ocurrió con Sergio aquella madrugada de junio de 2003.
