Amplían los cargos contra Gloria Ruiz y suman imputados
La causa judicial que investiga a la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial sumó nuevos capítulos este lunes, cuando la fiscalía amplió los cargos existentes e incorporó a cuatro nuevos imputados vinculados a distintas contrataciones realizadas en la Legislatura.
La audiencia estuvo encabezada por el fiscal del caso, Juan Narváez, quien expuso nuevas maniobras bajo investigación y amplió las acusaciones que ya alcanzaban a la exsecretaria de Cámara de la Legislatura, María Isabel Ricchini, y a la exprosecretaria administrativa, Élida Noemí Sánchez.
Los nuevos imputados son identificados como S.R., P.A.S., P.S. y M.A.C., quienes quedaron involucrados en distintos hechos que, según la acusación, formaron parte de un esquema destinado a eludir controles administrativos y generar perjuicios económicos al Estado provincial.
Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con la contratación directa de la empresa Big Sur Marketing, por un monto de 45.012.000 pesos. De acuerdo con la fiscalía, la operación se concretó sin respetar los mecanismos de contratación previstos en la Ley 2141 de Administración Financiera y Control.
Según sostuvo Narváez durante la audiencia, la contratación debió realizarse mediante un procedimiento competitivo que garantizara transparencia y control, pero habría sido adjudicada de manera directa sin cumplir los requisitos legales exigidos. Por este hecho, S.R. fue acusado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada.
La investigación también incorporó una serie de 16 contrataciones vinculadas a servicios gráficos y publicitarios por un monto total de 45.482.688 pesos. Para la fiscalía, existía una modalidad irregular mediante la cual las prestaciones se ejecutaban previamente y luego eran regularizadas administrativamente, con intervención de funcionarios de la Legislatura.
En este tramo de la causa, P.A.S. fue imputado como partícipe necesario, al considerar la fiscalía que habría intervenido en operaciones que no respetaron los procedimientos administrativos establecidos.
Otro de los hechos expuestos durante la audiencia apunta a una presunta maniobra destinada a mantener en funciones a un integrante del área de prensa legislativa que ya no podía continuar vinculado formalmente con el organismo.
Según la acusación, se habría utilizado un contrato a nombre de M.A.C., quien percibió pagos por 19.503.000 pesos pese a que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, no prestó servicios efectivos para la Legislatura. El objetivo habría sido canalizar recursos públicos para beneficiar indirectamente a P.S., evitando las restricciones legales que impedían su contratación.
Para el equipo de Delitos Económicos, estas operaciones constituyen maniobras compatibles con el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y habrían generado un daño patrimonial millonario para el Estado provincial.
Tras escuchar la exposición de la fiscalía, el juez de garantías Juan Manuel Kees dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves. Durante esa jornada las defensas responderán a las nuevas acusaciones y el Ministerio Público Fiscal presentará un hecho adicional que también pretende incorporar al expediente.
Una vez concluida esa instancia, el magistrado deberá resolver si avala la formulación de cargos y determinar los nuevos plazos de investigación, teniendo en cuenta la ampliación de los hechos y la incorporación de más imputados a una causa que continúa creciendo en volumen y complejidad.
