Conflicto por tierras en Aluminé: el Ejecutivo local apeló a la vía legal

El Municipio de Aluminé confirmó que presentó una denuncia judicial tras la ocupación de tierras fiscales ocurrida el pasado 31 de mayo. Vecinos y vecinas tanto de la localidad como de comunidades cercanas ingresaron al predio, que se encuentra dentro del ejido municipal, lo que motivó una inmediata respuesta institucional.
Desde el Ejecutivo local aclararon que el terreno forma parte del patrimonio municipal y que, al no tratarse de un barrio consolidado, la ocupación está fuera del marco legal vigente.
En un comunicado oficial, el gobierno municipal sostuvo que actuó «con claridad y responsabilidad institucional» ante la situación, que ya está siendo abordada por la Justicia.
El Municipio remarcó que continuará colaborando con los canales legales y administrativos correspondientes para resolver el conflicto respetando el orden jurídico y los derechos de todos los vecinos de la zona.
El comunicado señala:
Entendemos las necesidades habitacionales que atraviesan muchas familias. Por eso, desde el inicio de nuestra gestión venimos trabajando con un criterio de orden y equidad.
Actualmente, más de 400 personas han presentado su documentación en forma adecuada para acceder a un lote fiscal, siguiendo los procedimientos establecidos por ordenanza y en un marco de igualdad ante la ley.
Es importante señalar que dentro del grupo que permanece en el predio, sólo unos de ellos, es pareja de una persona que ha iniciado previamente este trámite. No podemos, en respeto a todos los vecinos que han confiado en el camino institucional, convalidar situaciones que vulneren ese esfuerzo colectivo.
Desde el primer momento, la Municipalidad ha mantenido comunicación oficial y canales abiertos de diálogo.
Se han sostenido instancias de conversación en las que se ha priorizado la paz social y el entendimiento de que debe primar el respeto al Estado de Derecho, que no es mediante la persistencia en la comisión de un delito que se llega a objetivos justos
La medida cautelar dictada por la Justicia tuvo como objetivo preservar el dominio público y evitar la ampliación del conflicto.
El día 11 de junio, dicha medida fue revisada por la jueza interviniente, la Dra. Leticia LORENZO, quien dispuso ciertas flexibilizaciones para garantizar condiciones mínimas de alimentación, abrigo y comunicación.
Además, se ha solicitado la apertura de un proceso de mediación penal como camino alternativo.
Queremos transmitir a toda la comunidad que seguimos comprometidos con una política de acceso justo a la tierra, y reafirmamos nuestra voluntad de construir soluciones en el marco de la legalidad y el diálogo.