Vignaroli confirmó acusación por administración fraudulenta en Viento Sur
El fiscal jefe Pablo Vignaroli detalló los fundamentos de la reformulación de cargos en la causa que investiga el uso irregular de fondos públicos destinados a un programa de capacitación ejecutado por la cooperativa Viento Sur.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, durante la investigación se comprobó que el dinero transferido a la cooperativa habría sido utilizado para fines distintos a los establecidos originalmente.
Ante esa situación, la fiscalía revisó los expedientes administrativos para determinar cómo se tramitaron las órdenes de pago hacia Tesorería y si se respetaron las normas que regulan la administración financiera del Estado.
“Observamos irregularidades en la tramitación de esas órdenes, lo que indica que no se estaba cumpliendo con la normativa vigente ni con el decreto que creó el programa”, explicó Vignaroli.
Por esa razón, la acusación sostiene que los exfuncionarios involucrados actuaron como autores o coautores del delito de administración fraudulenta.
La investigación señala que entre julio de 2022 y diciembre de 2023 la cooperativa recibió 1.206 millones de pesos a valores históricos.
El programa establecía que esos fondos debían financiar capacitaciones laborales en oficios destinadas a personas asociadas a la entidad.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que la organización vinculada al FOL no habría realizado esas actividades.
Parte del dinero, según la acusación, fue depositado en cuentas bancarias de particulares bajo el concepto de “salarios”, sin contratos laborales ni documentación que justificara los pagos.
También se detectó el uso de fondos para comprar inmuebles en Junín de los Andes y San Martín de los Andes, adquirir vehículos y cubrir distintos gastos de la organización.
El fiscal señaló además que la Contaduría General de la Provincia había advertido irregularidades en las rendiciones presentadas por la cooperativa. A pesar de esas observaciones, los pagos continuaron realizándose de manera periódica.
Entre los acusados vinculados al FOL se encuentran Diego Mauro y la exdiputada Gabriela Supisich, imputados por la misma maniobra.
Según explicó Vignaroli, algunos fueron acusados como coautores, mientras que otros fueron considerados partícipes necesarios.
El fiscal aclaró que la causa no fue encuadrada como asociación ilícita, ya que no se comprobó la existencia de una estructura criminal organizada.
El delito de administración fraudulenta prevé penas de uno a seis años de prisión. Si la investigación concluye en abril, la fiscalía presentará la acusación para avanzar hacia la etapa de juicio.
