El Gobierno inició acciones contra empresas por el petróleo de Malvinas
El Gobierno nacional inició procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos vinculados con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, según informó la Oficina del Presidente. La medida amplía los expedientes abiertos días atrás contra otros 45 involucrados y eleva a 60 los casos alcanzados por las actuaciones.
Los nuevos procedimientos se encuadran en la Ley 26.659, que establece restricciones para quienes participen en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.
El comunicado oficial aclara que la medida alcanza tanto a personas jurídicas como a personas humanas que el Gobierno considera vinculadas con esas operaciones. La administración de Javier Milei sostiene que continuará identificando a otros actores que puedan tener participación en proyectos hidrocarburíferos desarrollados en áreas sobre las que Argentina reclama jurisdicción.
La ofensiva oficial contempla distintas vías. Según informó la Oficina del Presidente, el Estado buscará avanzar por los canales administrativo, diplomático y jurídico para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas por la legislación vigente.
El proyecto petrolero que está en el centro de la disputa
La decisión se produce en medio de la creciente tensión por el desarrollo del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y vinculado con las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
La Argentina cuestiona las licencias otorgadas por las autoridades de las islas y considera que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en esa zona se realizan sin autorización nacional. El Gobierno busca impedir que el proyecto avance y sostiene que la explotación de esos recursos afecta los derechos soberanos que el país reclama sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes.
El 7 de septiembre, además, la Cancillería anunció una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con estas actividades: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La denuncia quedó posteriormente en manos del juez federal Julián Ercolini, luego del sorteo realizado en los tribunales federales de Comodoro Py.
Una estrategia que también incluye defensa
Las medidas contra las empresas forman parte de un paquete más amplio anunciado por el Gobierno en relación con las Malvinas y el Atlántico Sur.
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla endurecer las sanciones previstas por la Ley 26.659, además de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
También se impulsa la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. El Gobierno prevé incorporar partidas para esa obra en el Presupuesto 2027, mientras funcionarios nacionales avanzan con la definición del lugar donde se desarrollará el proyecto.
De esta manera, la administración de Javier Milei combina acciones administrativas y judiciales contra empresas y personas vinculadas con la actividad hidrocarburífera con medidas diplomáticas y de defensa destinadas a reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.
