La causa Viento Sur cambia de escenario tras el sobreseimiento de dos exministros
La causa por el presunto manejo irregular de fondos destinados a programas de capacitación cambió de escenario este lunes: la jueza de garantías Natalia Pelosso sobreseyó a los exministros de Desarrollo Social Abel Di Luca y Germán Chapino y dejó a Diego Mauro, referente de la cooperativa Viento Sur, como el único acusado en condiciones de llegar a juicio.
La decisión fue adoptada al finalizar la audiencia de control de acusación. La Fiscalía había calculado una presunta defraudación superior a $1.208 millones y había llevado a la instancia de juicio a exfuncionarios de la gestión de Omar Gutiérrez y personas vinculadas con organizaciones sociales.
Pelosso cuestionó la acusación por dificultades para determinar con precisión qué conducta se atribuía a cada uno de los imputados. También señaló contradicciones y deficiencias en la hipótesis planteada por la Fiscalía.
La jueza puso especial atención en el Decreto 1672/22, que dio origen al esquema investigado. El decreto fue firmado durante la gestión de Gutiérrez y refrendado por Di Luca. Para Pelosso, la decisión política de crear ese mecanismo correspondía al entonces gobernador y no podía atribuirse automáticamente a los ministros que intervinieron en su implementación.
La magistrada consideró que tampoco se había acreditado que Di Luca y Chapino conocieran las irregularidades que posteriormente se atribuyeron al manejo de los fondos. Entre sus fundamentos, mencionó los procedimientos administrativos y los controles provinciales por los que pasaron las transferencias.
También descartó que hubiera quedado demostrada una connivencia entre funcionarios provinciales y la cooperativa. En relación con los integrantes de Viento Sur, rechazó además la hipótesis inicial de coautoría y distinguió los niveles de intervención de cada persona.
Mauro quedó así como el único acusado en condiciones de enfrentar un juicio por una presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La jueza, de todos modos, lo sobreseyó parcialmente por algunos movimientos incluidos en la investigación.
La resolución excluyó, entre otros puntos, transferencias posteriores al 22 de diciembre de 2023, fecha en la que Chapino dejó el Ministerio, y un plazo fijo de $2 millones cuyo origen no pudo vincularse con los fondos investigados.
La jueza también concedió la suspensión del juicio a prueba a otros imputados, con distintas condiciones, entre ellas controles trimestrales, tareas comunitarias y reparaciones económicas.
La resolución todavía puede ser modificada. Vignaroli anunció que apelará y será el Tribunal de Impugnación el que deberá revisar los planteos.
