Intimación judicial para habilitar la U11 tras un habeas corpus de detenidos
La jueza Raquel Gass ordenó al Ministerio de Seguridad que explique por qué continúa sin habilitarse el pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención N° 11, inaugurado en diciembre de 2025.
La magistrada fijó un plazo de 10 días para que el organismo brinde un informe detallado. La medida se tomó tras un habeas corpus presentado por diez personas condenadas alojadas en la Comisaría N° 7 de Neuquén, quienes denunciaron condiciones de detención irregulares.
Según el planteo, los internos se encuentran en un contexto de hacinamiento y precariedad, sin acceso a espacios educativos ni recreativos. También indicaron que varios deben dormir en el piso y no cuentan con salidas al patio, a diferencia de lo previsto en unidades penitenciarias formales.
El reclamo se intensificó luego de que se les informara sobre el posible ingreso de nuevos detenidos a la dependencia policial.
Ante ese escenario, la jueza resolvió prohibir el ingreso de más condenados a la comisaría y ordenó a la Fiscalía de Estado presentar un informe en un plazo de cinco días.
El objetivo es conocer el grado de cumplimiento de un acuerdo firmado en marzo de 2025 ante el juez Marco Lupica Cristo, vinculado a la crisis de alojamiento en el sistema penitenciario.
Además, Gass exigió explicaciones sobre por qué, pese a la ley de emergencia carcelaria sancionada en 2024, aún persiste el déficit de plazas.
En ese marco, dispuso que el pabellón de máxima seguridad esté operativo en un plazo de 30 días hábiles.
“Cuando se inaugura algo es porque ya se puede utilizar, pero pasaron cuatro meses y sigue cerrado”, cuestionó la magistrada.
Desde la Fiscalía de Estado señalaron que la obra no pudo finalizarse por la falta de habilitación del servicio de gas por parte de Camuzzi.
La jueza pidió que se informe si la empresa podrá completar esa habilitación dentro del mismo plazo de 30 días.
Finalmente, instruyó al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa a intervenir en caso de incumplimiento.
El fallo se da en medio de una creciente crisis carcelaria en Neuquén, marcada por la falta de infraestructura para alojar a personas condenadas en condiciones adecuadas.
