La prisión domiciliaria de Cristina Kirchner sumó una advertencia
La Justicia federal intimó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a respetar las condiciones impuestas para el cumplimiento de su prisión domiciliaria, luego de que participara en el despliegue de una bandera argentina de grandes dimensiones frente a su vivienda de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión fue adoptada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien tiene a su cargo el control de la ejecución de la condena impuesta en la denominada causa Vialidad. Según surge de la resolución judicial, la ex mandataria colaboró en la colocación de la estructura y permitió que su balcón fuera utilizado como punto de anclaje de la bandera.
El episodio ocurrió durante una manifestación de apoyo realizada el pasado domingo. En ese contexto, simpatizantes instalaron una bandera argentina sostenida mediante cables tensores que conectaban el edificio donde reside la ex presidenta con otro inmueble ubicado enfrente, atravesando parte del espacio aéreo sobre la vía pública.
Al analizar la situación, el tribunal recordó que una de las reglas fijadas para el cumplimiento del arresto domiciliario establece que Fernández de Kirchner debe abstenerse de desarrollar conductas que puedan alterar la convivencia vecinal o afectar la tranquilidad de quienes habitan la zona.
En ese marco, el magistrado sostuvo que la instalación de la estructura generó potenciales riesgos para la seguridad de peatones, automovilistas y de las personas que participaron del montaje, además de ocasionar alteraciones en el entorno urbano.
Por ese motivo, la Justicia resolvió intimar formalmente a la ex mandataria para que no reincida en conductas que puedan ser interpretadas como incumplimientos de las condiciones impuestas. La resolución advierte que eventuales infracciones futuras podrían derivar en medidas más severas, incluida la revisión del beneficio de la prisión domiciliaria.
Además, el tribunal ordenó poner los antecedentes en conocimiento de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que evalúen la posible existencia de infracciones administrativas o contravencionales vinculadas a la instalación de la bandera.
Actualmente, Fernández de Kirchner cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad, bajo la modalidad de arresto domiciliario y con monitoreo electrónico mediante tobillera.
