Presentan en la Legislatura un proyecto para regular la psicología social
Representantes de la psicología social de distintas regiones de Neuquén presentaron en la Legislatura un proyecto de ley que busca regular el ejercicio profesional en toda la provincia, en un intento por formalizar una actividad que hoy carece de encuadre normativo específico.
La iniciativa es impulsada por un movimiento que nuclea a cerca de 500 profesionales y estudiantes, provenientes de zonas como Norte, Comarca Petrolera, Vaca Muerta, Sur, del Pehuén, Confluencia y Limay. El objetivo central es otorgar reconocimiento institucional a una disciplina que ya interviene de manera activa en múltiples problemáticas sociales.
El proyecto propone la matriculación obligatoria, la acreditación de la idoneidad profesional y la delimitación de incumbencias frente a otras áreas como la Psicología Clínica y el Trabajo Social. Este punto aparece como uno de los ejes más sensibles, ya que busca ordenar un campo de intervención donde actualmente existen superposiciones y falta de regulación.
Desde el sector sostienen que la psicología social cumple un rol clave en el abordaje territorial de situaciones como consumos problemáticos, violencias, salud mental comunitaria y conflictos familiares, con un enfoque preventivo que apunta a evitar la judicialización de los casos.
En los fundamentos del proyecto se describe un escenario social atravesado por crecimiento poblacional, tensiones económicas y fragmentación social, factores que, según advierten, profundizan problemáticas como la violencia de género, la conflictividad escolar y el aislamiento de adultos mayores.
En ese contexto, los impulsores plantean que la falta de regulación no solo afecta el reconocimiento profesional, sino que también limita la incorporación formal de estos perfiles en organismos estatales. La iniciativa, en ese sentido, se presenta como una herramienta para fortalecer políticas públicas en áreas estratégicas como salud, educación, desarrollo social, justicia y seguridad.
El debate que se abre en la Legislatura no solo apunta a una cuestión profesional, sino también a la necesidad de ordenar y jerarquizar las intervenciones comunitarias en un escenario social cada vez más complejo.
