Reglamentaron en Neuquén la ley contra la violencia hacia docentes
El Gobierno de Neuquén reglamentó la ley de Protección Integral para trabajadores de la Educación, una norma que establece medidas de prevención, sanción y asistencia frente a situaciones de violencia dentro del ámbito escolar.
La reglamentación fue oficializada esta semana a través del decreto 701-2026 y alcanza a docentes, auxiliares y trabajadores del sistema educativo provincial.
La ley define como violencia a toda acción u omisión intencional que provoque daño físico, psicológico, simbólico o moral a un trabajador de la educación durante el ejercicio de sus funciones, tanto dentro como fuera de los establecimientos escolares.
Entre las situaciones contempladas aparecen agresiones físicas, insultos, amenazas, hostigamientos y ataques digitales o mediáticos que afecten la integridad o la dignidad del personal educativo.
Además, la normativa considera como agravante que los hechos ocurran frente a estudiantes, por el impacto que pueden generar sobre el clima institucional y la percepción del rol docente.
La reglamentación también establece distintos ámbitos de intervención ante denuncias o episodios de violencia: administrativo, contravencional, penal y preventivo institucional.
En este último punto, se prevé la actuación de equipos interdisciplinarios del Consejo Provincial de Educación para intervenir en conflictos que no constituyan delitos, pero alteren la convivencia escolar o afecten a trabajadores.
La ley incorpora además medidas preventivas como protocolos de actuación, instalación de dispositivos de seguridad, capacitaciones obligatorias y campañas de concientización dirigidas a familias y estudiantes.
Otro de los ejes centrales es la creación de una Comisión Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el Ámbito Educativo, integrada por representantes de Educación, Seguridad, gremios y organismos vinculados a derechos sociales y niñez.
En cuanto a las sanciones, la normativa contempla multas, trabajo comunitario y arresto para quienes ejerzan violencia contra trabajadores de la educación.
También prevé sanciones específicas para agentes públicos involucrados en este tipo de hechos, incluyendo suspensiones, cesantías e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Cuando las situaciones involucren a menores de edad, intervendrán equipos especializados con medidas restaurativas y preventivas, mientras que madres, padres o responsables legales deberán participar de las acciones dispuestas.
