Ya rigen los exámenes toxicológicos para funcionarios
La Provincia del Neuquén puso en marcha oficialmente los exámenes toxicológicos obligatorios y sorpresivos para funcionarios públicos de alta jerarquía, tras la reglamentación de la Ley 3531 mediante el Decreto 234/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa.
Con la implementación del sistema, Neuquén se posiciona entre las primeras jurisdicciones del país en establecer controles periódicos de consumo de sustancias psicoactivas para quienes ocupan cargos relevantes en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los primeros procedimientos ya comenzaron en el ámbito del Poder Ejecutivo. Allí se realizaron los sorteos aleatorios para determinar qué funcionarios debían someterse a los análisis. Una vez notificados, los seleccionados disponen de un plazo máximo de 24 horas para concurrir a los laboratorios habilitados, una condición destinada a preservar el carácter sorpresivo de la medida.
La normativa establece que los controles constituyen un requisito obligatorio para la permanencia en los cargos. El alcance incluye a ministros, secretarios, diputados provinciales, directores de organismos autárquicos y otros funcionarios comprendidos por la ley.
El protocolo contempla un análisis de orina para detectar metabolitos asociados al consumo reciente de cocaína, cannabis, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos. Las sustancias prescriptas médicamente quedan excluidas siempre que exista la documentación correspondiente.
El sistema de selección será administrado por el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), organismo encargado de realizar sorteos trimestrales sobre el 12,5% del universo de funcionarios alcanzados. De esta manera, se prevé que la totalidad de los cargos sea evaluada al menos una vez por año.
La reglamentación incorpora además mecanismos de resguardo para los funcionarios. En caso de un resultado preliminar positivo, podrán solicitar una prueba confirmatoria utilizando una segunda muestra conservada para ese fin. También se establece un plazo de 48 horas para presentar certificados o documentación médica vinculada con tratamientos específicos.
Uno de los puntos más estrictos señala que la negativa injustificada a realizarse el examen o la ausencia dentro del plazo fijado será considerada automáticamente como un resultado positivo, lo que habilitará la aplicación de los procedimientos administrativos y legales correspondientes.
Asimismo, el costo de los estudios será afrontado por cada funcionario evaluado mediante un descuento directo en sus haberes.
Para supervisar el sistema se creó una Comisión Evaluadora Interpoderes, integrada por representantes de salud laboral y medicina pericial de los tres poderes del Estado. El organismo tendrá a su cargo la resolución de cuestiones técnicas, eventuales controversias y el análisis de resultados positivos confirmados.
La iniciativa tuvo un antecedente durante 2025, cuando el gobernador Rolando Figueroa y las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia se sometieron voluntariamente a controles toxicológicos. Con la entrada en vigencia de la reglamentación, esos análisis pasaron a ser obligatorios para todos los funcionarios alcanzados por la ley.
